 |
|
Dr. Nick
|
 |
Mola mazo!
Oct 2000
time: 01:25
|
|
Definitivamente en este pais tampoco hay democracia. Que quieren que les diga, es una cagada. Todos los candidatos son lo mismo, espetan lo mismo, o sea, se acusan entre ellos, se muelen a palos entre ellos, y de plan: Como, necesitabamos un plan? Plan de que? Plan Austral? Aaaaaaaaaaaah! Plan de Gobierno! En serio necesitamos uno de esos? Ah, bueno, ok, ok, ta bien, ahora nos vamos a conseguir un plan. Una ultima preguntita, se podra comprar en Miami con tarjeta de credito?
|
|
| |
|
|
|
Chilean President™
|
 |
Viña del Mar, CHILE
Feb 2001
time: 00:25
|
|
Oye pero pq algunos países anden mal no significa que todos los planes de gobierno sean malos. Lo de similitud de los candidatos, bueno ese es problema de la política local. Aunque es la tendencia mundial la convergencia de ideas, principalmente a posiciones más moderadas. En las elecciones del 99, Lavín de la Alianza por Chile (centro derecha, derecha) y Lagos de la Concertación (centro, izquierda), tenían muchísimas similitudes en el tema económico, sin embargo sus diferencias eran como llevar a cabo los planes de desarrollo y la posición del gobierno en los temas de estado (para uno era mejor un gobierno grande, para otro mejor un gobierno pequeño). Otro ejemplo; Lula... su "moderación" ha sido notable.
Pssst Elaw, te mandé un mensaje a tu msn, abrelo y dejamé contaminar tu "ordenador" 
|
|
| |
|
| |
|
|
|
JAPR
|
 |
Madrid
Aug 2002
time: 06:25
|
|
Para que a nadie le quepa duda de la situación de los derechos humanos en la Cuba de Castro, reproduzco literalmente los últimos informes de Amnistía Internacional, que no creo que simpatice mucho con los USA ni con el exilio de Miami. Por si a algún fanático (y no miro a nadie) se le ocurre desconfiar.
Cuba. Amnistía Internacional. Informe 2001:
Continuó la represión contra individuos y grupos que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. La concesión de la libertad condicional a algunos presos de conciencia hizo surgir la esperanza de que el gobierno estuviera relajando su actitud hacia los disidentes, pero las nuevas condenas impuestas, unidas a la intensificación de la represión durante los últimos meses del año 2000, echaron por tierra ese optimismo. Los periodistas, los opositores políticos y los defensores de los derechos humanos sufrieron un fuerte acoso. Varios centenares de personas, de las que al menos 13 eran presos de conciencia, permanecían encarceladas por delitos políticos. Las autoridades siguieron utilizando las detenciones breves, el arresto domiciliario, las amenazas y el acoso para acallar la disidencia política y desalentar a los disidentes. Los tribunales siguieron dictando condenas de muerte.
En Cuba, la represión de la disidencia está legitimada por la Constitución y el Código Penal. Se han utilizado de forma generalizada cargos por delitos contra la seguridad del Estado, como la «propaganda enemiga», o delitos contra la autoridad, como el «desacato», para silenciar a quienes critican al gobierno. Y hay otros cargos, como la «peligrosidad», que están poco definidos y son susceptibles de ser utilizados indebidamente por motivos políticos. Algunos disidentes han sido declarados culpables de delitos comunes por cargos que, según se cree, eran falsos y habían sido imputados a los disidentes para desacreditarlos a ellos o a sus organizaciones, o como represalia por manifestar de forma pacífica sus convicciones. En ocasiones, los disidentes detenidos han permanecido recluidos sin juicio durante largos periodos o han sido declarados culpables tras juicios que no cumplían las normas internacionales de justicia procesal.
Al concluir el año 2000 había identificados al menos 13 presos de conciencia que permanecían encarcelados. Amnistía Internacional estaba también investigando los casos de varios posibles presos de conciencia, incluidos otros 13 individuos que fueron detenidos durante el periodo de represión a finales de año.
* Ángel Moya Acosta y Julia Cecilia Delgado fueron declarados culpables de «desacato» y condenados a un año de prisión. Habían sido detenidos en las redadas masivas que tuvieron lugar en diciembre, en los días que precedieron al aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
* Víctor Rolando Arroyo Carmona, periodista, fue condenado en enero a seis meses de prisión por reunir juguetes que planeaba regalar a niños. Fue declarado culpable de «acaparamiento». Su condena parecía estar motivada por su trabajo para la agencia independiente de noticias Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes y sus presuntos vínculos con grupos de opositores al gobierno exiliados en Miami, Estados Unidos. Su detención en enero tuvo lugar durante un periodo de represión de la disidencia, tras la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana. Quedó en libertad en julio tras cumplir su condena.
* En julio, Nestor Rodríguez Lobaina, presidente del grupo no oficial Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia, fue declarado culpable de «desacato», «desórdenes públicos» y «daños». Eddy Alfredo Mena y González, otro miembro del Movimiento, fue juzgado junto con él por los mismos cargos. Nestor Rodríguez fue condenado a seis años y dos meses de prisión, y Eddy Alfredo Mena a cinco años y un mes. * El doctor Oscar Elías Biscet González, presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, organización humanitaria considerada ilegal por las autoridades cubanas, fue condenado a tres años de prisión el 25 de febrero. Había sido detenido inicialmente el 3 de noviembre de 1999 y acusado de «ultraje a los símbolos de la patria», delito castigado con una pena máxima de un año de prisión. Según los informes, el cargo se le imputó porque había colgado de medio lado una bandera cubana en el balcón de su casa durante una conferencia de prensa celebrada en su propio domicilio el 28 de octubre de 1999. La petición fiscal presentada contra él en febrero del 2000 incluía otros dos cargos: «desórdenes públicos» e «instigación a delinquir».
Cuba mantiene la pena de muerte para un gran número de delitos. Al menos ocho personas fueron condenadas a morir fusiladas en el año 2000, y al terminar el año había al menos 20 presos condenados a muerte. La preocupación por la pena capital se veía acrecentada por el hecho de que las autoridades no respetaban sus propias garantías de justicia procesal, especialmente el derecho a contar con una defensa adecuada. A Amnistía Internacional le resulta muy difícil mantener bajo observación la aplicación de la pena de muerte en Cuba, ya que las condenas y las ejecuciones rara vez se hacen públicas. * Jorge Luis Rodríguez Mir, que en todo momento ha afirmado su inocencia, fue condenado a muerte por el asesinato de un policía en noviembre de 1999. Según informes, sufre esquizofrenia y epilepsia y, durante su estancia en prisión, se mutiló las manos de tal manera que tuvieron que amputárselas. Los informes indican que, aunque en el juicio se tomó en consideración su enfermedad, las autoridades decidieron no tenerla en cuenta en el momento de dictar sentencia, lo cual es contrario a las normas internacionales
Condiciones de reclusión
Según los informes, las condiciones de reclusión seguían siendo deficientes, y en algunos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante. Al parecer, muchos presos tenían problemas de salud a causa de la falta de higiene y la deficiente atención médica.
Ultimo informe de Amnistía Internacional, emitido en noviembre de 2002:
Amnistía Internacional ha estado siguiendo de cerca la situación de varios activistas que fueron aprehendidos en una oleada de detenciones desatada en febrero y marzo de 2002 en Cuba. Recientemente, algunos de estos individuos que están recluidos en distintas prisiones del país han tomado parte en una huelga de hambre para protestar por los seis meses que llevaban encarcelados sin haber sido juzgados.
En este grupo se encuentran Leonardo Miguel Bruzón Ávila y Carlos Alberto Domínguez González, recluidos en cárceles cubanas sin que se los haya juzgado desde el 23 de febrero de 2002, a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Amnistía Internacional solicita su liberación inmediata e incondicional.
Amnistía Internacional considera asimismo posible que varios de los otros detenidos sean también presos de conciencia, y está solicitando más información sobre estos casos. Entre éstos se encuentran Emilio Leyva Pérez y Lázaro Miguel Rodríguez Capote, miembros del grupo político no autorizado Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, que fueron aprehendidos juntamente el 22 de febrero. Los dos participaron también recientemente en una huelga de hambre para protestar por su permanencia en prisión sin haber sido juzgados.
El caso de los presos de conciencia Leonardo Miguel Bruzón Ávila y Carlos Alberto Domínguez González
Leonardo Miguel Bruzón Ávila, presidente del grupo no autorizado Movimiento Pro Derechos Humanos 24 de Febrero, fue aprehendido el 23 de febrero de 2002. Según parece, lo detuvieron para impedirle que participara en las actividades programadas para el día siguiente, aniversario de la fecha de 1996 en la que dos aviones pertenecientes a un grupo de exiliados cubanos fueron abatidos por la fuerza aérea cubana. Las autoridades aseguran que se trató de una acto de defensa propia en respuesta a la violación del espacio aéreo cubano, mientras que los seguidores del grupo de exiliados sostienen que fue un acto de agresión cometido sobre aguas internacionales. Amnistía Internacional observa con preocupación que las fuerzas de seguridad con frecuencia reprimen las actividades convocadas por los disidentes para conmemorar tal aniversario.
Tras su aprehensión, Leonardo Bruzón fue llevado al Departamento Técnico de Investigaciones ubicado en la capital donde, según informes, lo recluyeron en una celda de castigo. A finales de marzo de 2002 se tuvo noticia de que lo habían trasladado a la prisión Melena Dos en la provincia de La Habana; actualmente se halla recluido en la prisión de Quivicán, en la misma provincia. A finales de agosto, seis meses después de ser aprehendido, Leonardo Bruzón se unió a otros reclusos de cárceles cubanas en una huelga de hambre para protestar por su permanencia en prisión sin juicio. Conforme a la información disponible, Leonardo Bruzón abandonó la huelga de hambre el 10 de octubre, huelga que había hecho temer seriamente por su estado de salud, ya de por sí precaria. Según informes, los familiares de Leonardo Bruzón están muy preocupados porque éste ha perdido mucho peso, y, según aseguran, la pérdida ha sido acompañada de fiebre y otros síntomas. Sus familiares han solicitado urgentemente que reciba atención médica especializada además de la facilitada por los servicios de salud de la prisión.
Según informes, a los familiares se les comunicó extraoficialmente que Leonardo Bruzón había sido acusado formalmente de «desacato» y de «propaganda enemiga» (1). No obstante, no se fijó fecha para su juicio. El 1 de abril, un abogado presentó una petición de hábeas corpus en nombre del detenido dado que, pese a que el abogado había podido ponerse en contacto con él, no se le había permitido acceder al expediente de la causa, incluida la información sobre los motivos de la aprehensión de Bruzón, los cargos formulados contra él y las circunstancias de su detención. La solicitud fue rechazada el 4 de abril por el Tribunal Popular Provincial de La Habana. Según informes, con posterioridad la fiscalía ha indicado que los cargos contra él pueden incluir «desorden público» e «incitación a delinquir». El 3 de mayo, Amnistía Internacional escribió cortésmente a las autoridades cubanas solicitándoles información sobre la condición jurídica del detenido, pero su misiva no obtuvo respuesta. En el momento de redactarse este documento, no se disponía de información oficial sobre los cargos o la fecha del juicio.
Leonardo Bruzón ha sido detenido y acosado en numerosas ocasiones. En un incidente que tuvo lugar en diciembre del 2000, a Leonardo Bruzón y a otros disidentes los detuvieron para impedirles participar en una manifestación con la que se celebraría el Día de los Derechos Humanos. A Leonardo Bruzón no lo dejaron en libertad hasta dos meses después. En otra ocasión, los informes indican que el 5 de septiembre de 2001 lo detuvieron y amenazaron a sus familiares con desalojarlos de su casa, después de organizar Leonardo Bruzón una videoteca independiente para niños en La Habana; quedó en libertad varios días más tarde (2). Según informes, fue detenido nuevamente en diciembre de 2001.
Carlos Alberto Domínguez González, periodista independiente colaborador de la agencia no reconocida Cuba-Verdad, fue aprehendido también el 23 de febrero de 2002 por miembros de la Seguridad del Estado cuando se hallaba en su casa. Los motivos de su aprehensión no están claros, si bien unos días antes, según informes, había asistido a varias misas celebradas por la iglesia Católica por los presos políticos recluidos en cárceles cubanas.
Carlos Alberto Domínguez se encuentra recluido en la prisión de Valle Grande. Según indicios extraoficiales, se le acusa de desorden público y desacato. El 21 de mayo de 2002, Amnistía Internacional escribió cortésmente a las autoridades cubanas solicitándoles información sobre la condición jurídica del detenido, pero su misiva no obtuvo respuesta. Al igual que en el caso de los otros detenidos mencionados en este documento, hasta la fecha no se ha recibido confirmación oficial de ningún cargo contra él.
A Amnistía Internacional le preocupa también en este caso el estado de salud de Carlos Alberto Domínguez, dado que, según se ha informado, sufre hipertensión y migrañas y su salud ha empeorado desde su encarcelamiento. Carlos Alberto Domínguez, al igual que Leonardo Bruzón, tomó parte en la huelga de hambre que se convocó a finales de agosto para protestar por la prolongada prisión preventiva a la que estaban siendo sometidos él y otros detenidos, y se teme que esto haya podido contribuir a empeorar aun más su salud. Actualmente no se encuentra en huelga de hambre.
Los casos de los posibles presos de conciencia Emilio Leyva Pérez y Lázaro Miguel Rodríguez Capote
Emilio Leyva Pérez y Lázaro Miguel Rodríguez Capote son dirigentes del grupo político no reconocido Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Según informes, los dos hombres fueron aprehendidos el 22 de febrero de 2002. Al igual que en otros muchos casos, se creía que habían sido detenidos para impedirles que participaran en actividades de conmemoración del 24 de febrero de 1996, fecha en la que dos aviones pertenecientes a un grupo de exilados cubanos fueron abatidos por la fuerza aérea cubana .
A los familiares se les comunicó extraoficialmente que cabía la posibilidad de que se les formulasen los cargos de «resistencia», «desacato» y «desorden público». No obstante, todavía no se los acusado formalmente y Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya fijado fecha para su juicio.
A finales de agosto, los dos hombres se unieron a la huelga de hambre mantenida por otros detenidos para protestar por los seis meses que llevaban recluidos sin haber sido juzgados, Emilio Leyva en la prisión de Quivicán, donde también se hallaba Leonardo Bruzón, y Lázaro Rodríguez en la prisión de Valle Grande, donde también se hallaba Carlos Alberto Domínguez. Según informes, los familiares y amigos de Emilio Leyva y Lázaro Rodríguez han expresado honda preocupación por su estado de salud. Los informes indican que éstos ya han abandonado la huelga de hambre.
Entre otras actividades de las que se ha tenido información, durante el pasado año Emilio Leyva y Lázaro Rodríguez participaron activamente en la campaña del Proyecto Varela en pro de la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en Cuba. Numerosos activistas que participaron en esta campaña han sido acosados y detenidos (3). Según informes, Emilio Leyva y Lázaro Rodríguez fueron detenidos durante varias horas a principios de febrero tras participar en un oficio religioso en el que se oró por los presos políticos, en el que, según se ha tenido noticia, también tomó parte Leonardo Bruzón.
Información general
A Amnistía Internacional le preocupa que prosigan el acoso y la detención de detractores del gobierno cubano en respuesta a los intentos pacíficos de éstos de ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Durante los últimos años decenas de miembros de grupos no autorizados, entre quienes se hallaban periodistas y defensores de los derechos humanos, han sido detenidos durante periodos breves y amenazados con el procesamiento si no renunciaban a sus actividades o decidían exiliarse. Algunos han permanecido en prisión preventiva durante periodos prolongados, mientras que otros han sido juzgados y condenados. Entre los delitos recogidos en el Código Penal más empleados para castigar una conducta que se considera detractora del Estado se encuentran los de «desacato», «propaganda enemiga», «desorden público», «incitación a delinquir» y «resistencia». En los juicios de causas por motivos políticos a menudo no se observan las normas internacionales de justicia procesal
quote:
Originally posted by GerarDream
Hey, JAPR, hace como tres posts que no nombras a Israel...
|
A veces una imagen vale más que mil palabras:
 Attachment: asrg.jpg
This has been downloaded 31 time(s).
|
|
| |
|
|
|
Estilpón
|
|
Azote de creyentes (y crédulos) Valencia EU
Aug 2001
time: 06:25
|
|
esta imagen me ha venido a la mente el informe de AI sobre la situación en Israel y Palestina
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
jasev
|
 |
of the SCS Forum
Feb 2001
time: 06:25
|
|
quote:
si no es nada, sólo es lo típico: violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Israel ¿qué tiene de novedoso? Sólo lo decía porque no se suele indicar nada de la parte palestina (la práctica de las ejecuciones sumarias por traición entre los propios palestinos, por ejemplo). |
Oh, sí, sí que se indica: en el resumen anual (el específico sobre la zona es mucho más exhaustivo) dice:
En la Introducción:
La Intifada
En septiembre del 2001, al cumplirse el primer aniversario de la Intifada (levantamiento) de Al Aqsa, se agravó la ya trágica situación de los derechos humanos en Israel y los territorios ocupados.
En los 15 meses transcurridos hasta diciembre del 2001, las fuerzas israelíes de seguridad habían matado a más de 750 palestinos, en la inmensa mayoría de los casos ilegítimamente en situaciones en que no corría peligro ninguna vida. A manos de grupos armados y particulares palestinos habían muerto más de 220 israelíes, 166 de ellos civiles. Entre las víctimas había muchos niños: más de 160 palestinos y 36 israelíes. Al menos otras 18.000 personas habían resultado heridas y, en muchos casos, quedado lisiadas de por vida.
Las autoridades israelíes continuaron respondiendo a la Intifada y al homicidio de civiles israelíes hiriendo y matando a palestinos en manifestaciones, puestos de control y fronteras, y bombardeando zonas residenciales y comisarías de policía. La Fuerza de Defensa Israelí aplicó una política de ejecuciones extrajudiciales selectivas contra palestinos que se suponía que estaban planeando atentados o habían perpetrado alguno. Más de 40 palestinos fueron asesinados por medio de ataques selectivos de este tipo, en los que resultaron muertas también más de 20 personas que se encontraban casualmente en el lugar, incluidos niños. No se investigó debidamente ningún homicidio cometido en los territorios ocupados, y se sucedieron las denuncias y contradenuncias. En respuesta a los ataques contra asentamientos israelíes, las fuerzas israelíes bombardearon poblaciones palestinas y aislaron del mundo exterior a casi todas las ciudades y pueblos palestinos por medio de puestos militares de control o barreras físicas de tierra, bloques de cemento o vallas metálicas. Se impuso el toque de queda en pueblos y barrios de ciudades palestinas, por lo que sus habitantes no pudieron salir de su casa ni ir a trabajar durante días, semanas o meses. En aras de la seguridad se demolieron centenares de viviendas palestinas y se prohibió a los palestinos viajar por determinadas carreteras de los territorios ocupados.
Aumentaron los abusos cometidos por grupos armados palestinos, que dispararon deliberadamente contra automóviles con matrícula israelí que circulaban por las carreteras de los territorios ocupados e hicieron detonar bombas en centros comerciales, restaurantes y otros lugares públicos, convirtiendo deliberadamente a la población civil en objeto de sus ataques. Los colonos israelíes agredieron y mataron a palestinos con casi total impunidad.
Desde la firma del Acuerdo de Oslo en 1993, con la que dio comienzo el actual proceso de paz, Amnistía Internacional ha subrayado la necesidad de basar las negociaciones de paz en el respeto de los derechos humanos proclamados en las normas internacionales. La organización ha reiterado que, a su juicio, un grave fallo de dicho proceso es que no está basado en la necesidad de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Lo ocurrido en el 2001 ha puesto de manifiesto, más claramente que nunca, que no habrá paz ni seguridad si para conseguirlas se sacrifican los derechos humanos. El hecho de que no se respeten derechos humanos básicos aviva el odio y perpetúa los abusos. Amnistía Internacional ha pedido que se preste especial atención a los derechos humanos en el programa internacional de paz y se envíen a los territorios ocupados observadores internacionales con la misión precisa, transparente y pública de vigilar que se respetan el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos.
En la sección de Oriente Medio:
Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a más de 460 palestinos, entre ellos 79 niños y al menos 32 personas que fueron el objeto de asesinato selectivo. Los grupos armados palestinos mataron a 187 israelíes, de los que 154 eran civiles y al menos 36 niños.
Miles de palestinos fueron detenidos, recluidos a menudo en régimen de incomunicación, a veces durante varios días, y, según informes, fueron víctimas de tortura y malos tratos.
Las autoridades israelíes mantuvieron clausuras estrictas sobre pueblos y ciudades palestinas y al menos 350 viviendas palestinas fueron destruidas y 29 personas murieron debido a que se retrasó su acceso a los hospitales.
Centenares de presuntos «colaboradores» de Israel y decenas de presuntos miembros de grupos armados de oposición fueron detenidos por la administración de la Autoridad Palestina.
Siguieron siendo frecuentes los informes sobre torturas infligidas por varias fuerzas de seguridad palestinas y tres hombres murieron bajo custodia en circunstancias que sugerían que la tortura pudo haber contribuido a su muerte.
|
|
| |
|
| |
|
| |
All times are GMT. The time now is 05:25.
Apolyton Time is 00:25. |
top of page
|
| archivepost |
|
Forum Rules:
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
|
HTML code is ON
vB code is ON
Smilies are ON
[IMG] code is ON
|
|
|
|
|
|
03-02-2003 23:30
). Aunque es lo obvio de una nación carente de derechos ciudadanos, libertad de expresión y, auqnue sea un poco, de democracia.
cavé mi propia tumba...
¿será como la de civ? 
) goza con lo que le gusta y putea contra lo que está en desacuerdo.
|
